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Ferrovial paga a proveedores a 536 días, casi 10 veces el límite legal

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, empresa que multiplica por diez los plazos máximos de pago exigidos por ley. Pero no es la única constructora que se los salta.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha presentado un informe a partir de datos públicos depositados en la CNMV sobre los plazos de cobro y pago de las constructoras de nuestro país que cotizan en el Ibex35. Recordemos en este punto que el plazo máximo de pago que permite la ley son 60 días, y que la mayoría de los acreedores, es decir proveedores, de estas compañías son pymes y autónomos.

El estudio concluye que las 6 grandes constructoras tienen unos plazos de pago muy superiores al límite máximo que impone la ley. Estas son las cifras:

Ferrovial:

La que más tarda en pagar, con 536 días de media, casi 10 veces por encima del límite. En cambio, el periodo de cobro de sus clientes es de tan solo 34 días.

Acciona:

El plazo de pago es de 425 días, sensiblemente inferior al de Ferrovial, pero todavía varias veces por encima del máximo. La constructora cobra en cambio en una media de 68 días.

Sacyr:

337 días es el plazo de pago medio de esta empresa, casi 6 veces por encima del límite legal. El plazo de cobro en este caso es de 125 días.

FCC:

El plazo de pago en este caso es de 195 días, mucho más reducido que en las anteriores constructoras pero todavía triplicando los 60 días teóricamente límites. El plazo de cobro para ellos es de 195 días.

ACS:

188 días es lo que la empresa dirigida por Florentino Pérez tarda en pagar a sus proveedores, mientras que cobra en unos mucho más reducidos, aunque todavía por encima de lo permitido por la ley, 87 días.

OHL:

La empresa con sede en Madrid es la que más rápido paga a sus proveedores, con 184 días, y cobra en 84 días de media.

La PMcM denuncia que estos desfases tan importantes entre los plazos de cobro y pago permiten a estas grandes empresas financiarse gratuitamente a costa de las pymes por el hecho de no cumplir la legalidad vigente, algo que tildan de inaceptable. La situación no tiene en cualquier caso perspectivas de cambio a no ser que el estado haga modificaciones en la ley, ya que actualmente no existe ningún régimen sancionador que se aplique por el incumplimiento del plazo máximo de 60 días.

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